Rebusqueros de uvas y rebuscadores de votos

Tienen alma de señoritos. Lo llevan en la sangre, se les conoce en las trazas y hasta en los andares. “La propiedad es sagrada y un pobre es siempre un ladrón en potencia”, murmuran. Ha cambiado el decorado y la jerga, pero la solidez gremial de los dueños es la misma. Ayer se conjuraban en el casino y lo hacían con el lenguaje brutal del caciquismo. Hoy, el nuevo escenario son las exclusivas urbanizaciones privadas, blindadas por cámaras y vigilantes de seguridad, y se entienden en el universal idioma del individualismo propietario.

“Controlaremos el rebusco y protegeremos a los 50.000 agricultores del olivar y viñedo de quienes les roban y lo venden ilegalmente”. Quien así habla es el esténtor que ahora nos toca sufrir a los extremeños, el presidente de la Junta, Don José Antonio Monago Terraza. Lo hace a través del twitter para no correr peligro alguno de anacoluto o contradicción en asunto tan delicado. En la calculada frase enlaza rebusco y robo, indigencia y resquemor, peregrinación de pobres peligrosos y miedo de honrados propietarios. Y se queda tan oreado “el barón rojo” de las tierras extremeñas.

Quieren terminar con el rebusco. Lo tienen meridianamente claro, ellos sí tienen conciencia de clase, sí saben de qué va esta gigantesca crisis-estafa. El año pasado tantearon un decreto repleto de trabas y arbitrismos burocráticos. Pero alguien les advirtió que estaban pisando un terreno pantanoso, que recoger la escoria de la cosecha es una práctica milenaria, puro derecho de costumbres. Entonces eligieron otro camino más sutil, hostigar a los compradores del rebusco, amenazándoles con inspecciones sanitarias y fiscales. Y en esas andan: en la última semana, guardia civil mediante, han cerrado todos los almacenes de la comarca de Barros que, desde hace más de 20 años, se dedicaban a comprar los sobrantes de las cosechas.

No tiene límites su codicia. Prefieren que la uva se pudra en la viña o en el suelo antes de que un jornalero saque cuatro gordas por aquel excedente. “No rebuscarás en tu viña los racimos y granos de uvas caídos, sino que dejarás a los pobres y forasteros que los recojan”, prescribe el Antiguo Testamento (Levítico XIX, 9, 10), amonestando la avaricia de los propietarios y amparando la tradición del rebusco. Pero la verdadera religión de los ricos, reales o imaginados, siempre ha sido el dinero.

Juegan con fuego. Es tan incontinente su ambición que corren el riesgo de despertar el dragón dormido. El acoso contra los rebusqueros saca del armario el cadáver insepulto del latifundio, reabre la cicatriz de la tierra, nunca cerrada en Extremadura. Historiadores como Martin Baumeister y José Antonio Pérez Rubio nos desvelaron la trama genuina de nuestro pasado reciente. La larga resistencia de los campesinos a la conversión de la tierra en simple mercancía, la pugna contra la expropiación de los derechos de aprovechamiento comunales es una de las claves fundamentales de la historia contemporánea de Extremadura. Y ahí, la lucha por el derecho al rebusco es una pieza recurrente. Nuestra historia está salpicada de revueltas obreras por la tierra y la libertad. Baumeister va recorriendo algunas de esas astillas de dignidad. En 1896, centenares de jornaleros marchan a las dehesas de Alconchel para exigir una peseta o una cantidad equivalente en bellotas. En 1897, son procesadas por hurto 91 personas de Villalba de los Barros. En 1916, 200 jornaleros de Fregenal de la Sierra, hacen el escrache de la época ante el edificio de la policía rural contratada por los propietarios agrícolas. En 1917, durante la temporada de aceituna, son denunciados 824 rebusqueros de Villafranca de los Barros. Son apenas algunas esquirlas de la tenaz rebeldía campesina que desembocará en la Reforma Agraria y que el levantamiento militar de 1936 ahogará en sangre. El profesor José Antonio Pérez Rubio escribirá refiriéndose a los años del franquismo: “El mal endémico que recorría los campos de Extremadura era el hurto de productos del campo”. Durante todos estos años, las detenciones y palizas de la Guardia Civil a obreros del campo por el “robo de bellotas” constituyen un cotidiano capítulo de nuestra particular historia de la infamia, grabado a fuego en la memoria de miles de familias campesinas de Extremadura.

Ahora, cuando este relato de bellotas y cerdos, guardias civiles y caciques, parecía definitivamente clausurado, retorna la criminalización del rebusco. Monago y el Gobierno dicen estar muy preocupados con el aumento de robos en el campo, modalidad de delito, por cierto, en la que nuestra región, a tenor de los datos oficiales, ha alcanzado un revelador liderazgo. De la dupla “hurto famélico” parece que les inquieta la primera palabra pero la segunda les trae al pairo.

Y eso es así porque, como ellos saben por experiencia propia, para fabricar un rico hacen falta muchos pobres. Su opulencia depende de la meticulosa organización de la miseria y la incertidumbre. Para acumular de nuevo necesitan desposeer de derechos y seguridades a millones de personas. El intento de eliminar el rebusco es precisamente eso, un mecanismo más de desposesión de los más pobres, el intento de destruir un instrumento de amortiguación de la miseria, por frágil que éste sea. Nos quieren rendidos, despojados de asidero alguno, desnuda mano de obra de usar y tirar. Tal como escribiera Miguel Hernández, quieren al pobre convertido en “fiera hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente”. Pero que se lo piensen dos veces. Ya se escribió antes en las paredes: Quien siembra miseria cosecha rabia.

Manuel Cañada, miembro de los Campamentos Dignidad de Extremadura

El Gobierno de Monago contra los rebusqueros.

El gobierno de Extremadura se ha visto obligado a desistir del intento de establecer un decreto que arremetía contra el derecho consuetudinario de recolección de frutos sobrantes de una cosecha, una vez recolectada o levantada, más conocido como espigueo o rebusco.

El rebusco es una actividad extendida en toda España y en las regiones agrícolas del mundo en general que ha servido tradicionalmente y sirve en la actualidad para dar sustento a multitud de familias con pocos recursos. En Extremadura son miles las personas que salen al rebusco y, en estas fechas, adquiere importancia especial en todas las zonas con grandes cosechas de aceituna y vendimia, como es la comarca de Barros. Sólo en la ciudad de Almendralejo se estima en alrededor de 1.000 el número de jornaleros y, en general, personas en paro que practican esta actividad centenaria.

El gobierno de Monago, con el decreto que empezó a urdir en noviembre del año pasado, pretendía acabar con los rebuscos y para ello establecía una serie de trabas absurdas, difíciles por no decir imposibles de cumplir para los rebuscadores, los compradores, e incluso los propietarios de las tierras. En la norma se establecía desde un documento de identificación del origen de los productos de rebusco hasta la prohibición de los bandos municipales autorizando esta práctica, como viene siendo tradicional.

Pero como la pretensión de la Junta de Extremadura superaba ampliamente los límites legales de su actuación y ha tenido que desistir de ella, el gobierno regional está utilizando otra forma más sutil para intentar acabar con los rebuscos: a los compradores de esos sobrantes de cosecha se les hostiga, se les mete miedo y se les amenaza con inspecciones sanitarias y fiscales. Es lo que está haciendo la Junta de Extremadura en la última semana. Y Monago, en la mejor tradición de los señoritos extremeños, acompaña esas actuaciones con unas declaraciones insultantes para las miles de personas que practican el rebusco afirmando lo siguiente: “Controlaremos el rebusco y protegeremos a los 50.000 agricultores del olivar y viñedo de quienes les roban y lo venden ilegalmente”.

Es vergonzoso que quien ostenta el cargo de Presidente del Gobierno de Extremadura haga esas declaraciones tan inhumanas e ignorantes. Las labores de rebuscos de uva y aceituna son actividades consuetudinarias que desde hace cientos de años se realizan en nuestros pueblos, y que permiten a muchas familias obtener unos ingresos que son imprescindibles para la vida. Por tanto, no se puede eliminar una actividad que permite la subsistencia a miles de personas en Extremadura, alegando que de esta manera se protege a los agricultores y se evitan robos y daños en las fincas. No se pueden justificar las pretensiones del gobierno del Sr Monago con razones totalmente falsas, ya que la inmensa mayoría de los rebuscadores respeta las cosechas, las vides y los olivos de las propiedades.

El Sr Monago, en vez de actuar en contra de las familias más humildes, que tienen que recurrir a rebuscar los restos de cosechas para obtener unos ingresos para sobrevivir, que ponga en marcha Planes de Empleo y de Inversiones Públicas que alcancen a las personas en paro, y que empiece a cumplir pagando la renta básica a quienes la tienen solicitada.

Los Campamentos Dignidad de Extremadura junto a la Asociación de Defensa de lo Público exigimos a la Junta de Extremadura el respeto a la institución del rebusco y la adopción de medidas como las mencionadas (Planes de Empleo e Inversiones Públicas y pago de la Renta Básica de Inserción) para evitar que miles de familias extremeñas se hundan en la miseria.

Acuerdos de los Campamentos Dignidad de Extremadura, Octubre.

Tras las marchas del 3 de octubre a Badajoz desde Olivenza y Talavera la Real celebramos una Asamblea de los Campamentos Dignidad y de los movimientos sociales allí presentes procedentes de las siguientes ciudades y pueblos: Badajoz, Olivenza, Talavera la Real, Almendralejo, Mérida, Navalmoral de la Mata, San Vicente de Alcántara, Guareña, Villafranca de los Barros y Guadajira. Excusan su asistencia los campamentos de Cáceres y Plasencia

Adoptamos los siguientes acuerdos:

1. Valoramos muy positivamente el desarrollo de las Marchas del día 3 y acordamos continuar la estrategia de movilización social sostenida para exigir los objetivos de las movilizaciones, bajo el lema Otra Extremadura: Pan, Trabajo y Techo

• El pago de la renta básica de inserción a las 22.000 familias solicitantes.
• Un plan de choque contra el paro que, de forma inmediata, se traduzca en al menos 25.000 contratos a través de los ayuntamientos y la Junta de Extremadura.
• El fin de todos los desahucios de vivienda, pública o privada.
• La oposición a los recortes sociales en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales en general
• La adopción de una política que impida la emigración de la juventud

2. Acordamos la elaboración de un documento sobre “La situación de los derechos sociales en Extremadura” que contendría dos partes, una de análisis de la cuestión social y las alternativas de los Campamentos Dignidad de Extremadura y una segunda parte de estrategia de movilización del movimiento hasta las elecciones del 25 de mayo. Todos los Campamentos de Extremadura que lo deseen participarán en la comisión redactora del documento, que se llevará para su debate a cada una de las asambleas locales antes de la próxima Asamblea regional.

3. El 18 de octubre, sábado, convocamos una Ocupación Simbólica de la “Finca Los Quintos” que Miguel Arias Cañete tiene entre los términos municipales de Llerena y Fuente de Cantos. Se da la circunstancia de que la familia de Cañete cobró 1’8 millones de euros en concepto de subvenciones comunitarias durante su etapa de ministro. Una de las explotaciones por las que ha recibido ese dinero es por la “Finca Los Quintos”, que figura a nombre de su esposa, Micaela Domecq Solís. Nos parece una desvergüenza que, mientras arrastran a millones de personas a la miseria y presumen de liberalismo económico, se sigan embuchando el dinero público. Mediante esta acción queremos expresar nuestra disconformidad con el nombramiento de Cañete como Comisario de Energía y Cambio Climático en la Unión Europea, al tiempo que exigimos el fin de las subvenciones a los terratenientes y el empleo de esos fondos en la creación de puestos de trabajo.

4. Recursos por la Renta Básica. Se acuerda proseguir adelante con los recursos individuales para todas aquellas personas a quienes, o bien están aplicando el silencio administrativo o no pagan la renta básica de inserción. Asimismo se informa de las gestiones que se están haciendo con los abogados que colaboran con los Campamentos para interponer una denuncia por prevaricación y violación de Derechos Humanos.

5. Desahucios de Vivienda. Ante el anuncio de nuevos desahucios de viviendas sociales en Badajoz y otras poblaciones, se acuerda dirigirse al Consejero y al Director General de Vivienda para tratar con ellos la situación de los expedientes y gestionar la paralización de todos los desahucios.

6. Próximos juicios. Se da cuenta de los 6 juicios que hay en este momento contra los Campamentos Dignidad. Hay 58 compañeros y compañeras entre multados y procesados. El juicio más inminente es el del 9 de octubre, en Cáceres, por el escrache a Floriano. Se da cuenta también de que se ha fijado el 15 de diciembre para el juicio por la exigencia de terminación de las viviendas de la Urbanización Los Álamos en Mérida.

7. Sillas del Hambre, ILP por la Renta Básica y Marchas de la Dignidad. Se da cuenta de la iniciativa “Las Sillas del Hambre” que vienen impulsando distintas asambleas de parad@s en todo el Estado y del apoyo que ya han acordado diversos Campamentos a la misma, en la perspectiva de una movilización general durante las navidades. Es necesario acelerar en la recogida de firmas de la ILP por la Renta Básica. Por último se insiste en la implicación en las acciones acordadas por las Marchas de la Dignidad en la asamblea estatal de Mérida (24 de octubre en Oviedo, semana de lucha del 23 al 29 de noviembre y marcha a los paraísos fiscales).

8. Se acuerda que la próxima Asamblea de los Campamentos Dignidad de Extremadura se realice en Cáceres el sábado 8 de noviembre de 2014.

Preguntas sobre la reforma de la renta básica de inserción

1. La reforma de la renta básica de inserción que saldrá de este proceso, ¿supone un abandono definitivo del concepto inicial de renta básica que salió de la calle?

Eso es, al menos, lo que pretenden. De ahí que ahora, en el decretazo, caractericen la renta básica de inserción como una “prestación asistencial” cuya finalidad no es, como se afirmaba en la ley del 9 de mayo de 2013, “garantizar las necesidades básicas” de la población sino sólo atender “a quienes se encuentren en situación de riesgo o exclusión social”. De ahí que la exclusión social se defina en la nueva norma no como “la carencia de recursos necesarios” sino como un cuadro subjetivo de “concurrencia de factores o circunstancias familiares o sociales” a determinar por los servicios sociales.

Pero, con todo, la renta básica plasmada en la ley del 2013 era y es una renta mínima de inserción. Hay que recordar que esa ley se aprobó por unanimidad pero con la oposición de los Campamentos Dignidad. Una de las altas funcionarias de la Consejería de Política Social nos lo repetía gráficamente: “no os hagáis ilusiones. La renta básica es lo mismo que las AISES (las ayudas de integración social y emergencia que existían desde principios de los años 90), pero cambiadas de nombre”. Es verdad que, en el proceso de elaboración de la ley, les arrancamos avances significativos, en la cuantía, en los requisito de empadronamiento (de cuatro a un año) o edad (de 25 a 18 años) o en la duración posible de la prestación (indefinida), entre otras muchas, pero la lógica y los perfiles de la prestación son los de una renta mínima de inserción.

La gran novedad es que en Extremadura se genera un proceso de movilización social que desborda ese marco. Y se encuentran con 22.000 solicitudes encima de la mesa cuando pensaban pagar, como nos dijeron en las reuniones de aquellas fechas, entre 1.500 ó 2.000, a lo sumo 3.000. 22.000 solicitudes y una lucha constante denunciando el impago y las dilaciones.

Es decir, partiendo de una ILP autonómica que reivindica una renta básica de ciudadanía aplicada por fases, se pone en pie un movimiento social y se establece una tensión entre la economía de la dignidad (la renta básica) y la economía de la miseria (las rentas mínimas de inserción). El objetivo de la reforma de la renta básica de inserción es precisamente clausurar esa tensión, cerrar el conflicto social abierto, preocupados especialmente por el desgaste que pueda suponerles en las elecciones autonómicas. Y para ello utiliza el arbitrismo legislativo, impermeabilizando los resquicios por los que se cuela la movilización social, reforzando los rasgos más asistenciales y clientelares y, sobre todo, haciendo desaparecer 19.000 solicitudes y emplazando a todas esas personas a una nueva convocatoria.

Pero las luchas sociales no se disuelven por decreto y además los Campamentos Dignidad no vamos a permitirlo. Con más de 170.000 personas paradas en Extremadura, con 69.000 teniendo que recurrir a los bancos de alimentos, con el 60% de la juventud en paro y la tasa de pobreza infantil más alta del país, van a fracasar en su objetivo de “paz social” impuesta. Aunque cierren todas las ventanillas de la Junta de Extremadura. Si hace falta iremos a las puertas de sus casas.

2. El papel de las y los trabajadores sociales cambiará: pasan de ser quienes cierren al proceso a ser los responsables de abrirlo. ¿Qué va a suponer esto para quienes soliciten una renta básica de inserción?

Supondrá un mayor grado de clientelismo. El poder político es muy consciente, y más en territorios de larga tradición caciquil como éste, de que el clientelismo para funcionar necesita organizarse desde abajo. La Junta quiere embridar al movimiento en los servicios sociales municipales y para ello tiene que implicar a las y los trabajadores sociales en el control, gendarmería y censo de “verdaderos y falsos pobres”.

Antes de que se pueda cursar la solicitud inicial, los servicios sociales han de elaborar el Informe Social y el Proyecto Individualizado de Inserción. Esto supone, además de una eternización en el procedimiento, introducir los mecanismos de subjetividad en los que se puedan mover a discreción los caciquillos de turno, los “conseguidores locales”. En lugar de valorar situaciones objetivas de paro o falta de recursos, la nueva norma atribuye a los servicios sociales la capacidad para decidir sobre el estado de exclusión o no de los solicitantes.

Pero, como nos recuerda Alvaro García Linera, “el Estado es una máquina de producción de obediencia, de regulación social pero también un campo de disputa, un espacio de equilibrio de fuerzas”. Para empezar, muchas trabajadoras y trabajadores sociales se niegan a cumplir ese papel de “policía de las familias”, de intermediadores del clientelismo político o social, y además el propio movimiento de los Campamentos ha ido encontrando ya las formas organizativas para impedir este abuso del poder, mediante el acompañamiento a las familias en su visita a la trabajadora social.

3. ¿Qué efectos creéis que tendrá el sistema de convocatoria?

Para empezar, el más inmediato y evidente: la aplicación masiva del silencio administrativo a la inmensa mayoría de las solicitudes presentadas hasta ahora. Y otro, nada desdeñable, es la inhibición de muchos solicitantes, cansados ya de que los mareen con papeles y convocatorias. Quieren quitarse a la gente de en medio con el Todavía no ha salido la convocatoria y el Vuelva usted mañana.

Si se implanta, la segunda consecuencia inmediata es la imposibilidad de presentar solicitudes a lo largo de todo el año, lo que entra en contradicción con la caracterización de la renta básica de inserción como una “renta alimenticia”, que ellos mismos hacen. Se pasa de un derecho al que se puede acoger uno en todo momento a una subvención restringida a determinados períodos del año.

Nos parece que estamos ante un caso de prevaricación institucional, ante una decisión arbitraria tomada a sabiendas de que va a producir (lo está haciendo ya) miseria a espuertas. Estamos valorando llevar las denuncias hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4. Dices que el nuevo sistema supondrá una "patologización" de la pobreza. También crees que este nuevo sistema "culpabiliza" la pobreza. ¿Por qué?

Ahí está la clave. Los muros que separaban “la clase media” y “los pobres de toda la vida” se están cayendo. Cada vez hay más permeabilidad, más complicidad y mestura entre los “viejos pobres” y “los nuevos pobres”. Las rentas mínimas de inserción o las formas de la caridad institucional, por un lado, o el discurso de la meritocracia y los emprendedores, por otro, son algunos de los intentos –vanos, quiméricos-de reconstruir esos muros. Al poder le va la vida en ello: tiene que movilizar los miedos a “las clases peligrosas”, a “los barrios conflictivos”, al lumpen. No hay pobres, hay perdedores, gente inadaptada socialmente, a lo sumo “pobres diablos”, ese es el argumentario neoliberal que ha ido calando en las últimas décadas y que, ahora, va deteriorándose.

De ahí la potencialidad movilizadora de la Renta Básica y la originalidad del movimiento extremeño. No hace falta irse a Venezuela a buscar a los pobres urbanos como sujeto revolucionario, está aquí ya latiendo en iniciativas como las PAH o los Campamentos Dignidad. Los canis de aquí no tienen nada que envidiarle a los chavs de Owen Jones. Y la conciencia de clase obrera no se adquiere por el hecho de trabajar en una fábrica. Donde el poder busca generar fragmentación e incomunicación, los movimientos sociales críticos podemos y debemos crear pueblo.

Las enmiendas al decretazo: Continúa la farsa.

¡EXIGIMOS LA RETIRADA DEL DECRETAZO Y EL PAGO A LAS 22.000 FAMILIAS AFECTADAS!

El 29 de agosto el gobierno del PP aprobó el Decretazo contra los parados y las personas más necesitadas de Extremadura. Un auténtico ESCRACHE DE MISERIA que desprecia a las 22.000 familias que han solicitado la Renta Básica acogiéndose a la ley del 9 de mayo de 2013. Pero al PP no le bastaba con sus votos, necesitaba de la complicidad de al menos un parlamentario para alcanzar la mayoría absoluta requerida por el reglamento. Al final, tras una misteriosa reunión con la consejera y la Vicepresidenta del gobierno regional, dos de los tres diputados de IU, faltando a su palabra y en contradicción flagrante con sus propias declaraciones públicas, se prestaron a la jugada y permitieron que el Decreto siguiera vivito y coleando.

Y ahora estamos en el siguiente acto del sainete. El PP presenta tres enmiendas “técnicas” y Escobar anuncia a bombo y platillo 27 enmiendas “para mejorar la ley”. Los incendiarios que le metieron fuego a la ley se presentan como diligentes bomberos… Pero cuando se quita la hojarasca de la propaganda y se analizan con detalle las enmiendas se comprueba hasta qué grado -escandaloso- es subalterna la posición de IU-Extremadura y cómo ese presunto propósito de “mejorar la ley” es una milonga para incautos.

El decretazo de la Renta Básica arrasa con la ley del 9 de mayo de 2013. Y eso no puede solucionarse con enmiendas parciales. La enmienda de totalidad del PP a la ley aprobada por unanimidad en la Asamblea no puede combatirse con un jueguecillo -además perezoso- de enmiendas parciales. Veamos:

1. Acatan el modelo y la orientación del gobierno del PP. Menos derecho y más clientelismo. La renta básica no es ya una prestación “de naturaleza económica”, sino “asistencial”; no tiene por finalidad “garantizar las necesidades básicas” de la población sino sólo “a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social”. Y la exclusión social ahora ya no consiste en “carecer de recursos necesarios” sino en un cuadro subjetivo de “concurrencia de factores o circunstancias familiares o sociales” a determinar por los servicios sociales. Si en la ley anterior, al menos se pugnaba por abrir camino a un nuevo derecho ciudadano (la renta básica) ahora se produce una clara involución hacia las rentas mínimas de inserción. Al final, se acaba imponiendo lo que nos decía una de las altas funcionarias de la Consejería de Política Social: “no os hagáis ilusiones. La renta básica es lo mismo que las Aises pero cambiado de nombre”.
2. Un insólito procedimiento de convocatorias. La ventanilla de solicitud, abierta sólo durante 8 meses. Pero en algunos aspectos la renta mínima de inserción que queda tras el decreto, si no se rechaza, es aún peor que las AISES. IU acepta el sistema de convocatorias impuesto por el PP. Si sale adelante su enmienda se podrá solicitar durante 8 meses al año. ¿No les da vergüenza que una “renta de carácter alimenticio” como la Junta se empeña en definir a la renta básica de inserción esté sometida a un sistema de convocatorias? Para darnos cuenta de hasta qué punto estamos ante una tropelía veamos lo que dice el letrado de la propia Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura: Antonio Carrasco Rodríguez:

“El apartado 2 del artículo 20 viene a establecer que las solicitudes han de presentarse en el plazo que se establezca en las correspondientes órdenes de convocatoria. Parece, pues, que lo pretendido sea efectuar convocatorias periódicas (…) Entendemos que las mismas podrían ser contraproducentes, atendidas la naturaleza y finalidad de esta prestación, que no se concede mediante un procedimiento de concurrencia competitiva(…) En consecuencia, debería valorarse la conveniencia de establecer una convocatoria única, abierta desde la publicación de la disposición, o, en su caso, convocatorias abiertas mediante órdenes en las que los plazos de presentación de solicitudes se concatenen sin solución de continuidad, debiendo dictarse la primera con la mayor inmediatez posible”.

¿No le da vergüenza a Escobar tener menos sensibilidad social que el propio letrado de la Junta de Extremadura? Su servidumbre con el gobierno extremeño en lo relativo a la renta básica pasará sin duda a la historia del vasallaje político.

3. 19.000 solicitudes a la papelera. El gran propósito del PP es hacer desaparecer el embudo que ellos mismos, con su política planificada de dilación, han ido creando. Y ahora, Escobar participa activamente de ese objetivo. Dice que pretenden “desatascar la situación actual, con entre 10.000 y 12.000 solicitudes pendientes”. ¿Y cómo piensa realizar el gran desatascamiento si no ha presentado ni una sola enmienda que lo garantice? ¿No será que, tal y como pretende la Junta, pretende “desatascar” la situación actual tirando a la basura las solicitudes presentadas hace más de un año y obligando a la gente a una nueva solicitud? ¿Y por qué este señor habla de 10.000 o 12.000 solicitudes, cuando el Informe del Gerente del SEXPE, en su informe fechado el 22 de agosto, informa expresamente de que hay 14.000 solicitudes estancadas y 5.000 en tramitación? ¿Parece razonable que un dirigente “de la oposición” dulcifique las cifras de “atascamiento” que ofrece el propio gobierno?
4. Las enmiendas parciales no afectan al cuerpo central del decretazo. Es el árbol del PP, sus raíces, su tronco y sus ramas principales. Muchas de las enmiendas afectan a aspectos secundarios y, además, lo hacen con una llamativa pusilanimidad que invita a pensar en que están ya previamente pactadas. Veamos las fundamentales:

• La “subida de la cuantía de la renta básica” no es tal. La subida del 5% del IPREM (de 400 a 426 euros) y del 5% del segundo miembro de la unidad familiar, se corresponde exactamente con la definitiva supresión de los complementos de vivienda (10% por alquiler o hipoteca, que es el caso de la inmensa mayoría de los solicitantes) y discapacidad (10%).
• Aunque se vuelve a considerar como “unidades familiares independientes a las constituidas por cada solicitante con su cónyuge o pareja de hecho y/o los hijos de ambos o cualquiera de ellos”, en la ley anterior estaba con más precisión (artículo 8.2). Y la unidad familiar de convivencia se consideraba que la integraban las personas con relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, mientras que ahora, aunque con condiciones, se acepta su ampliación hasta el tercer grado.
• A efectos de determinación de rentas, no se computará “un garaje y un trastero” cuando se trate de vivienda habitual de carácter rústico. Este punto restituye una de las modificaciones incluida en la reforma de la ley del 13 de junio.
• Se suprimen las agencias privadas de colocación pero se acepta el mismo papel para las empresas de inserción. El artículo 34, no enmendado por IU, prevé la conceder ayudas o subvenciones a “entidades privadas sin ánimo de lucro” para costear los “sobrecostes laborales derivados de procesos de inserción” de perceptores de la renta básica.
• Mientras sale la convocatoria se podrá solicitar la renovación pero sólo se concederá hasta el 31 de diciembre. Por el contrario, no se suprime la Disposición transitoria segunda y, por tanto, “no se podrán presentar nuevas solicitudes” hasta que no se abra la nueva convocatoria.
• En 16 meses no han llegado a reunir ni una sola vez la Comisión de Seguimiento, de modo que han hurtado los datos sistemáticamente. Ahora se suprime la Comisión de Seguimiento con el control de agentes sociales e IU propone, en su lugar, la comparecencia semestral del gobierno regional en el Parlamento. ¡Toma ya, democracia participativa!

5. Pero también es muy significativo lo que no se enmienda, aquellos retrocesos incorporados en el Decretazo respecto de la Ley del 9 de mayo de 2013. Algunos de esas agresiones a las que IU no presenta enmienda alguna, son las siguientes

• Endurecimiento de las condiciones de acceso a los jóvenes emancipados. Los retrocesos incluidos en el decreto ley (2 años fuera del domicilio paterno y 2 años de alta en la Seguridad Social).
• Reducciones en la cuantía de la Renta Básica. En el supuesto de que, una vez reconocida la prestación, cualquiera de los integrantes de la unidad familiar de convivencia disponga de ingresos superiores al 35% de la Renta Básica, la prestación que se perciba se reducirá en esa misma cuantía.
• Con el decreto, la RB es incompatible con la percepción de una serie de prestaciones públicas, con lo que, en la práctica, se elimina en la práctica el carácter complementario que la definía. Algunas de estas prestaciones ahora expresamente incompatibles son las siguientes: pensiones no contributivas (ojo, porque el PP reguló su compatibilidad en la Ley de reforma de la Renta Básica, aprobada el 13 de junio, y ahora la elimina; la enmienda de IU no restituye plenamente esa compatibilidad, sólo para las PNC de ascendientes de primer grado), renta activa de inserción, subsidio de desempleo, subsidio agrícola, etc
• Ahora la Renta Básica de Inserción es “incompatible con el trabajo realizado por cuenta ajena cuando su duración sea inferior a tres meses”; hasta el decretazo, la duración era “igual o inferior a seis meses”.
• El régimen sancionador se endurece brutalmente. La prescripción de las infracciones pasa en el caso de las leves, de 1 mes a 1 año; en el caso de las graves, de 6 meses a 2 años; y en el caso de las muy graves, de 1 año a 3 años. La severidad de las sanciones aumenta desproporcionadamente. Como ejemplo, se pasa del apercibimiento por escrito para las infracciones leves a, directamente, la pérdida de la prestación.
• Ahora, no podrán ser beneficiarios de la Renta Básica quienes en los 6 meses anteriores hayan cesado voluntariamente en un trabajo realizado por cuenta ajena o quienes hayan rechazado una “oferta adecuada de empleo o de formación”
• Los informes de los servicios sociales y los proyectos individualizados de inserción siguen siendo un elemento central, lo que significará que “el embudo” seguirá existiendo sólo que cambiado de ventanilla (en lugar de la administración autonómica, los ayuntamientos).
• El silencio administrativo continúa siendo negativo, a favor de la Junta y en contra de los solicitantes. Dicen que quieren que se parezca a otras prestaciones del SEPE. Pero a alguien que solicita el subsidio de desempleo no le aplican el silencio administrativo ni tiene que abrirle su casa a ninguna trabajadora social para que juzgue su vida ¿Por qué cogen lo más perjudicial de cada modelo, SEPE y Servicios Sociales?
• No se establece ninguna garantía de ejecución presupuestaria ni ningún indicador mínimo de cobertura respecto del porcentaje de paro. Es escandaloso que la Junta de Extremadura no se esté gastando los dineros presupuestados para la Renta Básica. De los 13.200.000 euros previstos para el año 2013 no llegaron a gastarse 100.000 euros. Y ahora, en la previsión presupuestaria, que figura como documento de acompañamiento al decreto ley, la Junta de Extremadura prevé gastarse un total de 27.903.447 euros. Es decir, que si a lo presupuestado para el 2014 (20 millones de euros) le añadimos lo no gastado en el 2013, resulta que la Junta de Extremadura prevé ahorrarse 5.196.553 euros. 5’2 millones de euros que pretenden ahorrarse a gasto del paro y la miseria de los extremeños.

En su momento insistimos (y el propio diputado de IU, Víctor Casco, lo propuso en su grupo parlamentario) sobre la necesidad de utilizar un indicador objetivo de referencia (en principio, planteábamos como objetivo inicial de la RB el 50% de los personas en paro sin cobertura).

EXTREMADURA NO ESTÁ PARA ENREDOS. EXIGIMOS LA RETIRADA DEL DECRETAZO Y ANUNCIAMOS MOVILIZACIONES

La Renta Básica que se aprobó el 9 de mayo de 2013 no vino de la mano del gobierno del PP ni de ningún partido. Fue el producto de un movimiento popular que empezó en noviembre de 2011 como Plataforma por la Renta Básica y que ha culminado con la creación de los Campamentos Dignidad de Extremadura. Aquella no era la ley por la que nosotr@s peleábamos y peleamos. Nosotras y nosotros, las mujeres y los hombres de los Campamentos Dignidad luchamos por una Renta Básica de verdad, universal, concebida como un auténtico derecho ciudadano. Pero el gobierno del PP y quienes despreciaron la brega del pueblo no perdonaron nunca que aquella conquista naciera en la calle, en las puertas del INEM, en los barrios más humillados, entre aquella juventud a la que se tildaba, de modo insultante, como generación nini. No perdonaron ni perdonan la participación consciente de la clase obrera, el empoderamiento de los más pobres.

Creían que nos cansaríamos, que nos derrotarían con multas y represión. Ahora dicen que les preocupa el “atasco” de la renta básica, como si se acabaran de enterar. Pero mienten y el pueblo lo sabe. 58 compañeras y compañeros de los Campamentos Dignidad, multados y/o procesados por exigir el pago de la renta básica son la mejor demostración de su mentira. Silbaban y miraban para otro sitio mientras nosotros teníamos que encerrarnos en la Concatedral o entrar en el plató de RTVE o plantarnos en los edificios oficiales. Un día y otro día hemos exigido que pagaran; y cada día, había una excusa nueva, un documento nuevo, una maniobra de distracción de nuevo cuño.

Una vez más les llamamos a la cordura. Extremadura no está para enredos. El paro, la precariedad, la miseria vive ya en miles de casas. Hay 69.000 personas en los bancos de alimentos, hay más de 80.000 parados sin cobertura, tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de España. La renta básica de inserción es un instrumento para hacer frente a esta catástrofe social. Queremos pan, trabajo y techo, hemos repetido hasta la saciedad. Y si no garantizan el trabajo, como es su obligación constitucional, tendrán que garantizar la renta básica. A ello les obligan las leyes de nuestro país y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nos dirigimos también expresamente a la organización de IU de Extremadura. Muchos de sus militantes forman parte de los Campamentos Dignidad, han luchado y luchan con nosotros por la Renta Básica. Lealmente, en primera línea, desde el principio. Pero IU, como organización, tiene que elegir con quién está, si está con el poder o con el pueblo, si está con Monago o con los Campamentos Dignidad. El día 25 de septiembre tiene la palabra. El Decreto no era ni es reformable. Cualquiera lo sabía, cualquiera lo sabe. Es indecente engañar a los extremeños con esa monserga. Pero el Decretazo no es una maldición bíblica, se podía derrotar, se puede derrotar. Emplazamos a IU a que vote NO al Decretazo, que vote No al Dictamen en el trámite parlamentario.

El poder económico y político ha trazado su estrategia en Extremadura. Y el movimiento popular por la renta básica y los derechos sociales, también. No pedimos la luna. Tienen que pagar a 22.000 familias y tienen que hacerlo ya. Hay dinero y tenemos derecho. El pasado 7 de septiembre, los Campamentos Dignidad de Extremadura lo dejamos claro: o pagan o seremos su sombra. El 3 de octubre, desde Olivenza y Talavera la Real, saldrán las primeras marchas, en este caso hacia Badajoz, exigiendo PAN, TRABAJO Y TECHO. No pararemos hasta conseguirlo.

¡RENTA BÁSICA, YA! ¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!

Acta Asamblea #ColumnaExtremadura. 09-08-2014. ALMENDRALEJO.

Reunid@s en Almendralejo diferentes componentes de la Columna Extremadura de las Marchas de la Dignidad Madrid 22M y Campamentos Dignidad de Extremadura se procede a debatir en asamblea sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Puesta en común de las luchas principales que se están llevando a nivel local.

2.- Estado de la ILP Estatal por la Renta Básica.

3.- Problemas de acceso a material escolar.

4.- Juicios y represión a los Campamentos Dignidad de Extremadura.

5.- Nuevas acciones de protesta.

6.- Varios.

Punto 1 del orden del día:

-          Olivenza: L@s compañer@s nos comunican que en su pueblo ha habido más de 300 solicitudes de Renta Básica. Ell@s sales todos los martes a la calle a reclamar y están organizando una marcha desde Olivenza a Badajoz para el día 3 de Octubre para denunciar el enchufismo en los contratos en su pueblo, los desahucios y el impago de la Renta Básica.

-          Plasencia: Todos los miércoles recogen firmas por la Renta Básica en la puerta del Sexpe. Están planeando concentraciones en la puerta del Ayuntamiento para exigir el pago de la Renta Básica.

-          Badajoz: Se reúnen todas las semanas para recoger firmas para la Renta Básica por diferentes barrios de la ciudad. Están elaborando un censo de viviendas sociales. Están asistiendo a todos los plenos para denunciar entre otras cosas los desahucios de vivienda social que les ha llevado a dormir en la puerta dela urbanización del Presidente del Gobierno de Extremadura José Antonio Monago.

-        Mérida: Se está trabajando en el tema de los comedores escolares. Han llevado a cabo un reparto de comida para unas 285 familias a pesar de los recortes del FEGA en la cantidad de alimentos a repartir. Después de la presión realizada han conseguido que se pague la Renta Básica a las 370 familias que no la habían recibido por un supuesto “error informático” en los ordenadores del consistorio emeritense. Se está presionando para que paguen a los 400 demandantes de laAyuda Social Urgente que aún no lo han hecho en la primera convocatoria. Para explicar todo esto se hará una rueda de prensa.

-          Almendralejo: Siguen reuniéndose con las familias para tratar problemas escolares y con afectad@s por las hipotecas para solucionar problemas de vivienda.

-          Cáceres: Se está trabajando en el problema de la viviendas sociales de Aldea Moret por las que quieren obligar a pagar hipotecando a las familias de por vida mientras que el Ayuntamiento no ha mostrado hasta ahora el más mínimo interés por ellas ni las ha rehabilitado como le correspondía. Se siguen recogiendo firmas para la Renta Básica.

-          Villafranca: Se reunirán el lunes para organización de cara al futuro. Quieren presionar para mejorar las condiciones laborales en la campaña de la vendimia. Siguen recogiendo firmas para la Renta Básica.

-         Navalmoral de la Mata: Denuncian que están asistiendo a los plenos municipales pero no se les da la palabra. También están recogiendo firmas para la Renta Básica.

Punto 2 del orden del día:

       Según cifras oficiales el número de beneficiarios de la Renta Básica de Inserción por localidad, según datos de la Junta de Extremadura son: Badajoz (628), Mérida (469), Cáceres (297), Plasencia (109), Don Benito (96)... Entre todas las localidades no llega a 2.000 perceptores, el 10% de los solicitantes (más de 20.000 personas).Y sólo en Badajoz, los Servicios Sociales Municipales indican que, con el 50% de los solicitudes resueltas, han tramitado favorablemente y están pendientes de la orden de pago 1.032 solicitantes. ¡EXIGIMOS EL PAGO DE LA RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN YA!

Punto 3 del orden del día:

       Se aborda el problema de las familias para conseguir los libros de 1º, 3º y 5º de Primaria que cambian este año. Se plantean y aprueban dos propuestas:

1.- Realizar reuniones informativas con la comunidad educativa en las que se acuerden puntos a trabajar y se organicen acciones para conseguirlos.

2.- Repetir la experiencia de realizar un banco de libros y material escolar en la segunda semana de Septiembre. Se llevará a cabo una rueda de prensa el 28 de Agosto a las 11:00 para exigir a la Junta de Extremadura la creación de un banco de libros.

Punto 4 del orden del día:

           - 24 de Septiembre se celebrará en Mérida el juicio por "usurpación de vivienda" contra varios de nuestros compañeros.

           -  9 de Octubre se celebrará en Cáceres el juicio por el supuesto escrache al extremeño y número 3 del Partido Popular, Carlos Floriano.

            - Juicio en Mérida contra la ocupación de la urbanización Los Álamos.

        - Juicio sin fecha en Mérida por la reclamación de la Renta Básica en Televisión Española en Extremadura.

Pedimos la solidaridad y apoyo de todas las personas luchadoras de todos los territorios asistiendo a dichas citas. Iremos actualizando la información sobre estos procesos judiciales.  

Punto 5 del orden del día:

- Se aprueba la propuesta de realizar una jornada de protesta con motivo de la entrega de Premios Ceres de Teatro (28 Agosto).

- Se aprueba la propuesta de llevar a cabo un día de protesta con motivo del Día de Extremadura (7 de Septiembre).

- Se aprueba la propuesta de organizar esos dos días de lucha en asamblea a celebrar en Aldea Moret (Cáceres) este sábado día 16 de Agosto a las 11:00 de la mañana mediante convocatoria abierta a todos los grupos sociales, sindicales y políticos.

- Se aprueba la propuesta de realizar la marcha propuesta desde Olivenza a Badajoz y apoyarla para llevar todas las reivindicaciones por las que luchan los Campamentos Dignidad de Extremadura. Se plantea entrar en Badajoz en dos columnas.

Punto 6 del orden del día:

      Se recuerdan los consensos cerrados en la última asamblea estatal de las Marchas de la Dignidad 22M cuyas conclusiones son las siguientes:

- Realizar una acción sobre los Premios Princesa de Asturias el día 24 de Octubre.

- Las Marchas de la Dignidad estarán presentes en la Diada de Cataluña el día 11 de septiembre.

- 29 de noviembre cierre de la semana de luchas de la Marchas de la Dignidad 22M

- 4 de octubre se aprueba la próxima asamblea estatal en Valencia.

- Se recuerda la convocatoria de loscompañeros  del Sindicato Andaluz de Trabajadores de llevar a cabo una protesta masiva en Gibraltar para denunciar los paraísos fiscales y en la que participaremos varios compañerosy compañeras.

Se acuerda celebrar la próxima asamblea en Mérida el próximo 7 de Septiembre a las 10:30 de la mañana.

Acta Asamblea #ColumnaExtremadura. 05-07-2014. PLASENCIA.

Reunid@s en la ciudad de Plasencia diferentes componentes de la Columna Extremadura de las Marchas de la Dignidad Madrid 22M y Campamentos Dignidad de Extremadura se procede a debatir en asamblea sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Valoración de la Asamblea Estatal de las Marchas de la Dignidad 22M celebrada en Mérida.

2.- Información sobre los problemas de vivienda en Extremadura.

3.- Comedores escolares (Espacios saludables).

Juicios y represión a los Campamentos Dignidad de Extremadura.

4.- Estado de la ILP Estatal por la Renta Básica y nuevas acciones de impulso.

Punto 1 del orden del día:

- Se informó de los acontecido en la Asamblea Estatal recogido en esta web cuyas conclusiones son las siguientes:

- Se aprobó realizar una acción sobre los Premios Princesa de Asturias el día 24 de Octubre.

- Las Marchas de la Dignidad estarán presentes en la Diada de Cataluña el día 11 de septiembre.

- 29 de noviembre cierre de la semana de luchas de la Marchas de la Dignidad 22M

- 4 de octubre se aprueba la próxima asamblea estatal en Valencia.

Así mismo se repartieron pliegos de firmas para la ILP estatal de la Renta Básica a l@s representantes de todos los territorios.

Punto 2 del orden del día:

Se informó de la reunión con el secretario General de Vivienda, Manuel Lozano, para tratar los casos de los últimos desahucios de viviendas sociales en los que se han dejado a 7 menores en la calle y los 1.300 expedientes de desahucios que hay en marcha y los más de 100 desahucios de viviendas sociales que se han dado ya en esta legislatura en Extremadura.

            Se va a iniciar una campaña de Juicio y Castigo contra los culpables de esta emergencia habitacional que sufre nuestra tierra y que tiene casos claros en Badajoz, Mérida, Aldea Moret (Cáceres), Almendralejo, Plasencia etc.

Punto 3 del orden del día:

Se informó del escrache que se le hizo a Monago y la cúpula del PP de Extremadura reunidos en el Hotel Velada con los dirigentes del Banco Santander mientras cientos de niños tienen que asistir a comedores escolares durante el verano para completar las tres comidas diarias.

Se realizarán diversas acciones de protesta en este sentido.

Se informó de la reunión en Mérida con la Consejera de Educación y la Consejera de Empleo, Mujer y Política Social para tratar este tema tan sensible.

Punto 4 del orden del día:

           Se informó que la Comisión de seguimiento sobre la Renta Básica (en la que no permiten la participación de los Campamentos Dignidad) se ha reunido hace unas semanas sin que haya trascendido lo temas tratados.

            Se proponen varias acciones para presionar en el pago de la Renta Básica y en la absoclución de los 19 compañeras y compañeros que están imputados por esta misma razón.

Así mismo se hablo de realizar acciones de protesta el Día de Extremadura.

Se acuerda celebrar la próxima asamblea en Almendralejo el próximo 9 de Agosto.