Esta noche, dormimos con
Monago, en las cercanías de la lujosa urbanización de Badajoz donde
vive. Los Campamentos Dignidad de Extremadura queremos expresar de
ese modo nuestra solidaridad con Domingo Romero Salazar y su familia,
y exigirle al Presidente del Gobierno de Extremadura que paralice el
desahucio de esta familia, compuesta por cuatro adultos y dos menores
de edad.
Este ciudadano hace más
de tres años que cometió un error (tráfico de estupefacientes) por
el que ya ha pagado. Como pueden atestiguar la Guardia Civil, los
pastores gitanos, las Asociaciones del barrio, esta familia ha
cambiado radicalmente de vida. Hace dos años regularizó
completamente la situación de la vivienda y, desde entonces, ha ido
pagando los recibos de alquiler, le han renovado la minoración de la
renta e incluso la propia Junta de Extremadura le ha ofrecido comprar
la vivienda.
Pero a los de arriba no
les basta. Su ansia por alentar el rencor social no tiene límites.
El día 1 de julio se personaron en la vivienda tres furgones de
policía para desahuciar a la familia sin que hubiese habido ningún
tipo de apercibimiento ni de comunicación de plazo. Les acompañaba
Pedro Escribano, Jefe de Servicio de la VPP en la Consejeria de
Fomento y Vivienda. Incluso él, conocedor de la situación, se
sorprendía del desahucio y no dejaba de afirmar que la decisión
venía de arriba y que él era un mandado. A la familia le dieron 10
días para solventar la situación y ese plazo se cumple el próximo
jueves, día 10 de julio.
Es un desahucio ilegal
y una canallada. Pero lo más triste es que no es un caso
aislado, sino un exponente más de la política general de la
Junta de Extremadura. El desahucio sistemático es la principal
política de vivienda que el gobierno regional reserva para los
parados, pobres y precarios de Extremadura. Es su particular
“política de vivienda”. Ahora mismo tiene abierto 1.300
expedientes de desahucio en viviendas sociales provocando el
terror en las barriadas más humildes de Extremadura. Esta es la
política de Monago, “el barón rojo” del PP. Mientras presume de
ser “el verso suelto” de ese partido alimenta descaradamente la
máquina del odio de clase.
Está claro lo que
buscan. Persiguen avivar el rencor social contra los más pobres,
agitar el fantasma de los barrios conflictivos para asustar a una
clase media cada día más empobrecida y que cada vez cree menos los
embustes de los políticos. Y para ello les vale todo. Presumen de
haber desahuciado en la legislatura nada menos que a 111 familias y a
lo largo del 2014, a 32. Se saltan la Constitución Española
(artículo 47), las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (la última, crucial, la sentencia Yordanova, de que
prohíbe el desalojo sin alternativa habitacional) y el propio
mandato de la Asamblea de Extremadura que por dos veces ha
acordado la paralización de los desahucios. Así, el 26 de julio de
2012, el pleno de la Asamble acordaba instar a la Junta de
Extremadura a “paralizar todos los lanzamientos de desahucios
previstos sobre el parque público de vivienda de titularidad de la
Junta de Extremadura y abrir vías de regularización en los casos de
sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que
existan personas dependientes, menores y ancianos dentro de la unidad
familiar”. Y el 25 de abril de 2013 el Parlamento de Extremadura
acordaba lo siguiente: “La paralización inmediata de todos los
procedimientos de desahucios de las viviendas sociales, cualesquiera
que fueran las causas que motivaron el inicio del expediente
administrativo, hasta que acabe la situación de crisis actual”.
Pero al gobierno de
Extremadura, aunque no dispone de mayoría absoluta, le da lo mismo
lo que acuerde el Parlamento, lo que diga la Constitución o lo que
disponga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contra “la
morralla” todo vale. Pero se equivocan. No se lo vamos a consentir.
Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra estos atropellos.
Utilizando nuestro derecho constitucional a la manifestación y
denunciándoles en los tribunales.
Un día no muy lejano
tendrán que sentarse en un banquillo. Quienes han echado a
centenares de menores a la calle, quienes se comportan de manera más
despiadada que los propios bancos, quienes están sembrando tanto
dolor en decenas de familias, tendrán que responder ante la ley y el
pueblo.
¡POR LA PARALIZACIÓN
DE TODOS LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDA!
¡NO AL MALTRATO DE
PERSONAS Y FAMILIAS PARADAS, POBRES O PRECARIAS!
¡JUICIO Y CASTIGO
PARA LOS POLÍTICOS RESPONSABLES DEL ATROPELLO!
Badajoz, 8 de julio de
2014
