El empleo público: Necesidad y alternativa.

Sed realistas, pedid lo imposible.

“¿Buscar trabajo? En más de dos años que llevo en desempleo he podido entregar más de 1000 curriculums, en las empresas y en los paginas de internet para encontrar trabajo, y de momento nada” nos cuenta un trabajador que se acerca a la mesa en la que se recogen firmas para la Renta Básica. Es la historia que más se repite en la puerta del SEXPE, en las asambleas, en los bares, en las casas de los barrios trabajadores. Cada día, en especial desde la llegada de esta gran crisis, millones de personas en este país se levantan y esperan que llegue esa llamada, esa respuesta afirmativa, pero la maldita llamada nunca llega.

En nuestra comunidad, Extremadura, las cifras de paro a fecha de Abril del 2013 se encuentra en 181.000 personas, casi un 36% de la población según datos de la EPA. La pesadilla del desempleo persigue cada vez a más personas, llevando la situación económica y social a un estado de emergencia que a menudo acaba en desesperación, ansiedad y depresión. Una pesadilla que persigue a los más débiles y que a tenor de todos los pronósticos va en un imparable aumento. Así, si en el primer trimestre del 2009 dicha tasa se situaba en el 21,75%, en el mismo trimestre del 2010 marcaba ya un 23%, casi un 26% en el 2011 y un 32% en el 2012. Los datos no dejan lugar a dudas, el fantasma del paro cada vez toca a más gente.

Pero en esta dinámica aparecen claros una serie de actores, fácilmente reconocibles, con una evidente responsabilidad en esta situación y cuyas acciones han influido enormemente en este aumento imparable del número de desempleados. Se trata de las administraciones públicas, en el caso extremeño, los ayuntamientos y la propia Junta de Extremadura, cuya función principal es velar por el bienestar de los ciudadanos e impulsar las actuaciones necesarias para hacer posible dicho bienestar.

El gobierno del Partido Popular, y en gran medida también el anterior gobierno del PSOE, han puesto en marcha una serie de planes dirigidos fundamentalmente al estímulo del empleo en las empresas privadas a través del denominado autoempleo, las ayudas a la contratación o la privatización de ciertos sectores públicos. Pero estas medidas, repetidas bajo diferentes formas y nombres en los últimos cuatro años, lejos de conseguir el objetivo de la creación de empleo, han resultado un rotundo fracaso una y otra vez teniendo como consecuencia justo el efecto contrario: el aumento del número de desempleados. El pequeño empresario o el parado con la idea de poner un pequeño negocio no se atreven a poner en marcha esos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo ya que saben que su éxito depende de la capacidad de consumo de una población exhausta económicamente hablando y eso conlleva una gran probabilidad de fracasar.

Es en este contexto en el que un grupo de plataformas y movimientos sociales queremos reivindicar una nueva propuesta, que aunque para muchos es una vieja conocida, sin embargo todavía no se ha puesto en práctica durante este periodo de crisis que estamos viviendo. Se trata de la creación y puesta en marcha de un Plan de Empleo público que abarque al menos la creación de 25.000 puestos de trabajo. Esto permitiría, además del alivio para esa miles de familias que lo están pasando mal en Extremadura, la creación de un clima de optimismo que reactivaría el consumo en el pequeño negocio –que representa la aplastante mayoría de la actividad económica en nuestra comunidad- y por tanto la creación de empleo también por parte de las empresas.

La respuesta de las administraciones a esta reivindicación ha sido siempre negativa, argumentando la falta de recursos económicos o la poca viabilidad que le ven al proyecto. Sin embargo, los miembros del Movimiento surgido de los Campamentos Dignidad sabemos que en política, la posibilidad de realizar o no un proyecto dependen siempre de la voluntad del político de turno para ponerla en marcha. Hemos visto y sufrido el fracaso de las políticas neoliberales que se han implementado hasta ahora; sabemos que la administración es la principal responsable de la creación de empleo; y el actual Estatuto de Autonomía y la Constitución de 1978 avalan la supeditación de la riqueza –que cada vez se concentra en menos manos- a los intereses generales de población. Se trata pues, repetimos, de una cuestión de voluntad. Hagamos nuestro el “sí se puede” y salgamos a luchar.