Quieren acallar uno de los movimientos más combativos y reivindicativos de Extremadura. En pocos días llegan numerosas denuncias tanto por vía administrativa como penal contra diez miembros del Campamento Dignidad de Mérida
Ante las crecientes
protestas del Campamento Dignidad las autoridades están siguiendo la
misma técnica que contra el SAT andaluz, intentar parar las protestas a
base de represión. Una vez que han fallado las tácticas de cooptación
del movimiento o de compra de algunos de sus miembros y viendo que la
capacidad de lucha no sólo decae sino que va en aumento, han pasado a la
pura represión. Ya se habían abierto algunos procedimientos
sancionadores, algunos de los cuales han quedado en nada por lo absurdo y
descabellado de las acusaciones realizadas. Pero lo sucedido los últimos días ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo
pues en apenas dos días de diferencia se han comunicado la apertura de
varios procedimientos sancionadores e incluso penales de las personas
más significadas en la lucha del Campamento Dignidad de Mérida.
El portavoz del
Campamento Dignidad de Mérida, Manuel Cañada, denuncia que el colectivo
sufre una campaña de "represión y persecución" por parte de los
gobiernos del PP, y asegura que diez de sus miembros han recibido multas por un importe de más de 8.200 euros.
Explica que las multas las han puesto la Delegación del Gobierno en
Extremadura y los ejecutivos municipales del PP, y asevera que con ellas
se persigue "aplastar la lucha" por la renta básica y los derechos sociales.
"Quieren penalizar el
que la gente se organice, se mueva y salga a la calle a base de meternos
miedo y de multas", indica Cañada, quien adelanta que "no lo van a
conseguir" y los campamentos resistirán el "embate represivo de la
Delegación del Gobierno". Así, detalla que las
multas recibidas son por la acampada que hizo este grupo, al reparto de
octavillas y a protestas con motivo del Día de Extremadura o los
Premios Ceres.
Algunos miembros de la acampada han recibido hasta cuatro multas
y el colectivo también ha sido denunciado en cuatro ocasiones por la
ocupación de la urbanización paralizada de "Los Álamos", ubicada en la
barriada de El Prado de Mérida.
Ante esta situación, emplaza a la ciudadanía a participar junto a ellos en un acto de protesta el próximo 23 de octubre, día en el que están citados en los juzgados.
Gran parte de los
procedimientos abiertos se basan en la acusación ya conocida y mil veces
utilizada contra los movimientos sociales: la supuesta alteración del orden público,
pero realizada de una manera genérica y sin concretar ni demostrar en
que ha consistido tal alteración, vulnerando el derecho fundamental a la
presunción de inocencia. Y aún más descabellada es la acusación a
varias personas por apropiación indebida, algo inaudito tanto por
cuestiones de lógica como por cuestiones jurídicas.
Está claro que quieren
meter miedo y acabar con el Campamento Dignidad pero como dice este
movimiento citando a Marcelino Camacho: ¡ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!
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