martes, 7 de julio de 2015

LOS ÁLAMOS: SUSPENDIDO POR CUARTA VEZ EL JUICIO

SUSPENDIDO POR CUARTA VEZ EL JUICIO A TRES MIEMBROS DEL CAMPAMENTO DIGNIDAD POR LA REIVINDICACIÓN DE LOS ÁLAMOS Y DEL DERECHO A LA VIVIENDA Esta mañana estaba convocado el juicio de Los Álamos, la urbanización de 210 viviendas inacabadas de la barriada del Prado en Merida. Tres activistas del Campamento Dignidad de Mérida (Angélica Fernández, A. Ramón Carbonell y Manuel Cañada) se sentaban en el banquillo acusados de un delito de usurpación. El juicio ha sido suspendido por cuarta vez. En la apertura del juicio oral, los abogados del Campamento Dignidad (Chencho Canelo y Leonor Hernández) han planteado una cuestión de competencia objetiva. Tras la reforma del Código Penal, y teniendo en cuenta el artículo 33 se tienen que enjuiciar los presuntos delitos menos graves como leves, siempre que las penas sean de tres meses (Disposición adicional segunda Instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves). Por tanto, al considerarse como un delito leve el juez competente para conocer de dicho asunto deberá ser un juez de primera instrucción con todas las consecuencias que se deriven de ello. Por este motivo, se ha instado a la suspensión, que la juez ha aceptado. A pesar de todos estos incidentes procesales la esencia sigue siendo la misma, los hechos son que el Campamento Dignidad, una asociación sin fin de lucro, ocupó como almacen de alimentos y ropa, así como local de reuniones, una propiedad abandonada y estas conductas no deben de estar criminalizadas y menos perseguidas por el Ministerio Fiscal. La propia acusación particular se retiró y se ha demostrado que no existe quebrantamiento patrimonial. En definitiva, no se deberían mezclar cuestiones semipúblicas con hechos de trascendencia privada. El único agravado es el propietario y, en este caso, colaboró con el Campamento Dignidad. Desde el Campamento Dignidad llamamos la atención sobre la naturaleza abiertamente política de este caso. No puede entenderse de otro modo la obstinación de la Fiscalía a pesar de que el propietario ha retirado la denuncia. En nuestra opinión, se expresa así una voluntad de persecución hacia los movimientos sociales críticos y en particular hacia el Campamento Dignidad, que viene denunciando en la calle las consecuencias devastadoras de la política anti-social del gobierno. El Campamento Dignidad reclama a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales la terminación de las viviendas sociales y su puesta a disposición de las personas y familias de Mérida, necesitadas de un techo. Es inmoral que pesen más los intereses de los especuladores inmobiliarios que las necesidades de la ciudadanía. Hace 7 años que la obra está parada y abandonada. Ya es hora de que se ponga fin a este esperpento: exigimos que en los presupuestos de 2016 se incluya ya dinero contante y sonante para terminar las obras. Los Alamos deben dejar de ser un nido de ratas y subordinarse al interés general de la ciudadanía. Por otro lado, reclamamos a los poderes públicos que dejen de tirar el dinero en causas frívolas y absurdas como ésta que lo único que persigue es tratar de amordazar la protesta y las alternativas sociales.

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