Don José Antonio Monago Terraza, Presidente del Gobierno de Extremadura.
Señor Presidente:
como usted sabe, el día 23 de diciembre dio comienzo el encierro de los Campamentos Dignidad de Extremadura en la Concatedral de Santa María en Mérida y como hasta ahora, entre nuestras reivindicaciones, se hallan la creación de empleo público, el fin de los desahucios y el derecho a una vivienda, y el pago efectivo de la Renta Básica a la que su gobierno se comprometió hace meses. En relación a estas reivindicaciones solicitamos una entrevista con fecha 26 de noviembre de 2013 mediante escrito que aún hoy no ha tenido respuesta.
En esta ocasión, en estas fiestas navideñas y en el frío que las acompaña, exigimos también que se garanticen los suministros básicos de luz, agua o gas a todas las familias extremeñas.
Desde el Campamento Dignidad solicitamos que el gobierno que usted preside adopte las medida necesarias que eviten que miles de familias extremeñas queden esta Navidad y durante el resto del invierno sin suministro de agua, luz o gas.
En Extremadura hay 170.000 desempleados, personas que necesitan un empleo y no lo tienen, un 39% de pobreza infantil, la tasa más alta de toda España, todos ellos niños y niñas con una probabilidad muy alta de sufrir malnutrición. Es también una de las cuatro Comunidades Autónomas en las que este año han vuelto a aumentar los desahucios que se suceden día tras día, es la comunidad con la tasa de riesgo de pobreza más alta de todo el país, el 34,1%, solo por detrás de Ceuta y Melilla.
También es la comunidad con el ingreso medio anual por persona más bajo, 6.958 euros frente a los 9.326 euros de la media nacional, nuestros trabajadores tienen los segundos salarios más bajos de todo el país. Extremadura está también entre las tres regiones en las que más familias llegan a fin de mes con "dificultad”, según el propio INE en una encuesta del 20 de noviembre.
Desde su aprobación el 9 de mayo son 18.000 las personas que han solicitado la Renta Básica, 8.000 a las que la administración afirma que debe pagar y unas 200 a las que a día de hoy se les ha pagado. Se celebra que de los más de 13.000.000 euros presupuestados para la Renta Básica de este año, solo se habrán invertido 300.000 cuando acabe el año. Una demora que en esta situación de emergencia social solo genera más sufrimiento y que no tiene justificación alguna, salvo una intolerable falta de voluntad política.
Con todo esto, cada vez son y serán más las familias extremeñas las que no podrán hacer frente a sus facturas de luz, agua o gas, empeorándose así las condiciones de vida de decenas de miles de extremeños.
Así mismo, entendemos que en un hogar sin luz, sin calefacción o sin agua corriente no puede darse una vida digna, y que por ello mismo los culpables de esa situación están violando los Derechos Humanos y haciendo gala de una crueldad intolerable, cuando enfrentándose a esta situación carecen de voluntad para solucionarla.
Si considera que un hogar sin luz, agua o gas no es una situación dramática e inhumana, aún más en estas fechas, le invitamos a que pruebe un su hogar, ya no un mes o una semana, sino un día sin estos bienes básicos. Y es que los recortes no parecen afectar a quienes los deciden.
Es el deber de cualquier gobierno democrático en general preservar la vida digna de sus ciudadanos, y el del Gobierno de Extremadura y el de España en particular por estar sometidos a la Constitución Española de 1978 que consagra en repetidas veces a lo largo de su articulado (10, 47, 51, etc) como principios básicos para un país democrático los derechos que aquí se están reclamando.
Queremos que se tengan en cuenta los antecedentes que existen en Europa e incluso en nuestro país de “treguas invernales” emanadas de los poderes públicos.
En Francia, donde la ley data de 1954, está prohibido desahuciar a las familias de sus casas por impago desde el 31 de octubre al 15 de marzo, y eso con solo 500.000 familias con problemas para afrontar los costes de la vivienda. En España los datos oscilan entre 1.400.000 y 2.000.000 de familias con problemas para afrontar sus facturas básicas.
El lunes pasado, día 23, el Govern de la Generalitat aprobó un decreto ley para combatir la pobreza energética que evitará que las empresas puedan interrumpir durante el invierno los suministros de luz y agua a las familias en situación de pobreza. Esto es, ninguna familia con ingresos inferiores a los 569 euros mensuales, -con un incremento de 30% a partir de la tercera unidad- podrá ser víctima del corte en el suministro energético. Aunque el decreto nos parece insuficiente pensamos que esta normativa puede ser trasladada en su espíritu de modo inmediato a Extremadura, por ello solicitamos que en el primer Consejo de Gobierno se adopte una medida orientada en el mismo sentido.
Además consideramos que es preciso establecer una tarifa social para los suministros básicos (luz, agua y gas) que se aplique a todas las personas en paro o sin ingresos de nuestra comunidad. Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestra solicitud de entrevista en la que podríamos tratar más detalladamente estas cuestiones (Renta Básica, Plan de Empleo Público, desahucios, garantía de suministros básicos).
Atenmente: Los Campamentos Dignidad de Extremadura
No hay comentarios:
Publicar un comentario