Preguntas sobre la reforma de la renta básica de inserción

1. La reforma de la renta básica de inserción que saldrá de este proceso, ¿supone un abandono definitivo del concepto inicial de renta básica que salió de la calle?

Eso es, al menos, lo que pretenden. De ahí que ahora, en el decretazo, caractericen la renta básica de inserción como una “prestación asistencial” cuya finalidad no es, como se afirmaba en la ley del 9 de mayo de 2013, “garantizar las necesidades básicas” de la población sino sólo atender “a quienes se encuentren en situación de riesgo o exclusión social”. De ahí que la exclusión social se defina en la nueva norma no como “la carencia de recursos necesarios” sino como un cuadro subjetivo de “concurrencia de factores o circunstancias familiares o sociales” a determinar por los servicios sociales.

Pero, con todo, la renta básica plasmada en la ley del 2013 era y es una renta mínima de inserción. Hay que recordar que esa ley se aprobó por unanimidad pero con la oposición de los Campamentos Dignidad. Una de las altas funcionarias de la Consejería de Política Social nos lo repetía gráficamente: “no os hagáis ilusiones. La renta básica es lo mismo que las AISES (las ayudas de integración social y emergencia que existían desde principios de los años 90), pero cambiadas de nombre”. Es verdad que, en el proceso de elaboración de la ley, les arrancamos avances significativos, en la cuantía, en los requisito de empadronamiento (de cuatro a un año) o edad (de 25 a 18 años) o en la duración posible de la prestación (indefinida), entre otras muchas, pero la lógica y los perfiles de la prestación son los de una renta mínima de inserción.

La gran novedad es que en Extremadura se genera un proceso de movilización social que desborda ese marco. Y se encuentran con 22.000 solicitudes encima de la mesa cuando pensaban pagar, como nos dijeron en las reuniones de aquellas fechas, entre 1.500 ó 2.000, a lo sumo 3.000. 22.000 solicitudes y una lucha constante denunciando el impago y las dilaciones.

Es decir, partiendo de una ILP autonómica que reivindica una renta básica de ciudadanía aplicada por fases, se pone en pie un movimiento social y se establece una tensión entre la economía de la dignidad (la renta básica) y la economía de la miseria (las rentas mínimas de inserción). El objetivo de la reforma de la renta básica de inserción es precisamente clausurar esa tensión, cerrar el conflicto social abierto, preocupados especialmente por el desgaste que pueda suponerles en las elecciones autonómicas. Y para ello utiliza el arbitrismo legislativo, impermeabilizando los resquicios por los que se cuela la movilización social, reforzando los rasgos más asistenciales y clientelares y, sobre todo, haciendo desaparecer 19.000 solicitudes y emplazando a todas esas personas a una nueva convocatoria.

Pero las luchas sociales no se disuelven por decreto y además los Campamentos Dignidad no vamos a permitirlo. Con más de 170.000 personas paradas en Extremadura, con 69.000 teniendo que recurrir a los bancos de alimentos, con el 60% de la juventud en paro y la tasa de pobreza infantil más alta del país, van a fracasar en su objetivo de “paz social” impuesta. Aunque cierren todas las ventanillas de la Junta de Extremadura. Si hace falta iremos a las puertas de sus casas.

2. El papel de las y los trabajadores sociales cambiará: pasan de ser quienes cierren al proceso a ser los responsables de abrirlo. ¿Qué va a suponer esto para quienes soliciten una renta básica de inserción?

Supondrá un mayor grado de clientelismo. El poder político es muy consciente, y más en territorios de larga tradición caciquil como éste, de que el clientelismo para funcionar necesita organizarse desde abajo. La Junta quiere embridar al movimiento en los servicios sociales municipales y para ello tiene que implicar a las y los trabajadores sociales en el control, gendarmería y censo de “verdaderos y falsos pobres”.

Antes de que se pueda cursar la solicitud inicial, los servicios sociales han de elaborar el Informe Social y el Proyecto Individualizado de Inserción. Esto supone, además de una eternización en el procedimiento, introducir los mecanismos de subjetividad en los que se puedan mover a discreción los caciquillos de turno, los “conseguidores locales”. En lugar de valorar situaciones objetivas de paro o falta de recursos, la nueva norma atribuye a los servicios sociales la capacidad para decidir sobre el estado de exclusión o no de los solicitantes.

Pero, como nos recuerda Alvaro García Linera, “el Estado es una máquina de producción de obediencia, de regulación social pero también un campo de disputa, un espacio de equilibrio de fuerzas”. Para empezar, muchas trabajadoras y trabajadores sociales se niegan a cumplir ese papel de “policía de las familias”, de intermediadores del clientelismo político o social, y además el propio movimiento de los Campamentos ha ido encontrando ya las formas organizativas para impedir este abuso del poder, mediante el acompañamiento a las familias en su visita a la trabajadora social.

3. ¿Qué efectos creéis que tendrá el sistema de convocatoria?

Para empezar, el más inmediato y evidente: la aplicación masiva del silencio administrativo a la inmensa mayoría de las solicitudes presentadas hasta ahora. Y otro, nada desdeñable, es la inhibición de muchos solicitantes, cansados ya de que los mareen con papeles y convocatorias. Quieren quitarse a la gente de en medio con el Todavía no ha salido la convocatoria y el Vuelva usted mañana.

Si se implanta, la segunda consecuencia inmediata es la imposibilidad de presentar solicitudes a lo largo de todo el año, lo que entra en contradicción con la caracterización de la renta básica de inserción como una “renta alimenticia”, que ellos mismos hacen. Se pasa de un derecho al que se puede acoger uno en todo momento a una subvención restringida a determinados períodos del año.

Nos parece que estamos ante un caso de prevaricación institucional, ante una decisión arbitraria tomada a sabiendas de que va a producir (lo está haciendo ya) miseria a espuertas. Estamos valorando llevar las denuncias hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4. Dices que el nuevo sistema supondrá una "patologización" de la pobreza. También crees que este nuevo sistema "culpabiliza" la pobreza. ¿Por qué?

Ahí está la clave. Los muros que separaban “la clase media” y “los pobres de toda la vida” se están cayendo. Cada vez hay más permeabilidad, más complicidad y mestura entre los “viejos pobres” y “los nuevos pobres”. Las rentas mínimas de inserción o las formas de la caridad institucional, por un lado, o el discurso de la meritocracia y los emprendedores, por otro, son algunos de los intentos –vanos, quiméricos-de reconstruir esos muros. Al poder le va la vida en ello: tiene que movilizar los miedos a “las clases peligrosas”, a “los barrios conflictivos”, al lumpen. No hay pobres, hay perdedores, gente inadaptada socialmente, a lo sumo “pobres diablos”, ese es el argumentario neoliberal que ha ido calando en las últimas décadas y que, ahora, va deteriorándose.

De ahí la potencialidad movilizadora de la Renta Básica y la originalidad del movimiento extremeño. No hace falta irse a Venezuela a buscar a los pobres urbanos como sujeto revolucionario, está aquí ya latiendo en iniciativas como las PAH o los Campamentos Dignidad. Los canis de aquí no tienen nada que envidiarle a los chavs de Owen Jones. Y la conciencia de clase obrera no se adquiere por el hecho de trabajar en una fábrica. Donde el poder busca generar fragmentación e incomunicación, los movimientos sociales críticos podemos y debemos crear pueblo.