El gobierno de Extremadura se ha visto obligado a desistir del intento de establecer un decreto que arremetía contra el derecho consuetudinario de recolección de frutos sobrantes de una cosecha, una vez recolectada o levantada, más conocido como espigueo o rebusco.
El rebusco es una actividad extendida en toda España y en las regiones agrícolas del mundo en general que ha servido tradicionalmente y sirve en la actualidad para dar sustento a multitud de familias con pocos recursos. En Extremadura son miles las personas que salen al rebusco y, en estas fechas, adquiere importancia especial en todas las zonas con grandes cosechas de aceituna y vendimia, como es la comarca de Barros. Sólo en la ciudad de Almendralejo se estima en alrededor de 1.000 el número de jornaleros y, en general, personas en paro que practican esta actividad centenaria.
El gobierno de Monago, con el decreto que empezó a urdir en noviembre del año pasado, pretendía acabar con los rebuscos y para ello establecía una serie de trabas absurdas, difíciles por no decir imposibles de cumplir para los rebuscadores, los compradores, e incluso los propietarios de las tierras. En la norma se establecía desde un documento de identificación del origen de los productos de rebusco hasta la prohibición de los bandos municipales autorizando esta práctica, como viene siendo tradicional.
Pero como la pretensión de la Junta de Extremadura superaba ampliamente los límites legales de su actuación y ha tenido que desistir de ella, el gobierno regional está utilizando otra forma más sutil para intentar acabar con los rebuscos: a los compradores de esos sobrantes de cosecha se les hostiga, se les mete miedo y se les amenaza con inspecciones sanitarias y fiscales. Es lo que está haciendo la Junta de Extremadura en la última semana. Y Monago, en la mejor tradición de los señoritos extremeños, acompaña esas actuaciones con unas declaraciones insultantes para las miles de personas que practican el rebusco afirmando lo siguiente: “Controlaremos el rebusco y protegeremos a los 50.000 agricultores del olivar y viñedo de quienes les roban y lo venden ilegalmente”.
Es vergonzoso que quien ostenta el cargo de Presidente del Gobierno de Extremadura haga esas declaraciones tan inhumanas e ignorantes. Las labores de rebuscos de uva y aceituna son actividades consuetudinarias que desde hace cientos de años se realizan en nuestros pueblos, y que permiten a muchas familias obtener unos ingresos que son imprescindibles para la vida. Por tanto, no se puede eliminar una actividad que permite la subsistencia a miles de personas en Extremadura, alegando que de esta manera se protege a los agricultores y se evitan robos y daños en las fincas. No se pueden justificar las pretensiones del gobierno del Sr Monago con razones totalmente falsas, ya que la inmensa mayoría de los rebuscadores respeta las cosechas, las vides y los olivos de las propiedades.
El Sr Monago, en vez de actuar en contra de las familias más humildes, que tienen que recurrir a rebuscar los restos de cosechas para obtener unos ingresos para sobrevivir, que ponga en marcha Planes de Empleo y de Inversiones Públicas que alcancen a las personas en paro, y que empiece a cumplir pagando la renta básica a quienes la tienen solicitada.
Los Campamentos Dignidad de Extremadura junto a la Asociación de Defensa de lo Público exigimos a la Junta de Extremadura el respeto a la institución del rebusco y la adopción de medidas como las mencionadas (Planes de Empleo e Inversiones Públicas y pago de la Renta Básica de Inserción) para evitar que miles de familias extremeñas se hundan en la miseria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario